Durante años y en varias campañas electorales se hizo conocido el slogan “Conga no va” en alusión a un megaproyecto minero en el departamento de Cajamarca, cuyo apoyo o rechazo hizo una división entre pro y anti mineros, entre derecha e izquierda, reduciendo una compleja realidad a una polarización, entre quienes ven el país desde la capital y las ciudades y quienes viven al interior. Y mientras Conga se paralizó y descartó, el megaproyecto Las Bambas llegó a la fase de explotación, si Conga no iba las Bambas fue.

Hasta antes de la mina y su concesión en 2004, el distrito de Challhuahuacho y la provincia misma de Cotabambas eran uno de los lugares menos conocidos del país. Una primera noticia sobre el proyecto fue la revelación de que esas punas desoladas, “a más de 4000 msnm” tenían gente que vivía ahí y encima practicaba la agricultura y ganadería. Otra revelación, aún más incómoda fue constatar que se trataba de una población que bien podría considerarse originaria, y como tal pasible de acogerse a lo dispuesto en el famoso Artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce derechos a pueblos originarios o comunidades indígenas en virtud de su historia ancestral y del usual estado de vulnerabilidad que padecen frente a las políticas de los estados y organismos que ocupan y actúan en sus territorios.

Se llevó a cabo un proceso de consulta previa en la zona, que resultó a todas luces insuficiente hoy en día. Pero en su momento bastó para dar la imagen de que se cumplían con los estándares internacionales de la nueva minería. Así entonces a la comunidad campesina de Fuerabamba, la cual se encontraba sobre el principal depósito del proyecto, se le propuso trasladarse a otro espacio. Hay una imagen distorsionada de este tema en la opinión pública, y estos días incluso la Ministra de Agricultura ha declarado que los supuestos perjudicados por la mina “han recibido más de un millón de soles cada uno y andan por la zona en camionetas de último modelo”. Porque los comuneros de Fuerabamba recibieron compensaciones diferentes según las características de sus predios familiares y particulares, pero la comunidad en su conjunto recibió un fundo como reposición de tierras comunales, algo que el BID aconseja para este tipo de proyectos. Y ese fundo es Yavi Yavi, ubicado en la provincia de Chumbivilcas.

Y aquí valga la aclaración, porque se suele argumentar que dichos pobladores han recibido compensaciones por demás, pero no toman en cuenta el grado en el que se han visto afectados. Pasando de ser una comunidad tradicional, cuya población estaba tan poco articulada al mercado que a inicios de este siglo aún fabricaban su propia alfarería y ropa a tener que negociar con empresas transnacionales varias, suizas un día, canadienses el siguiente y chinas en cualquier momento. Y si bien talvez cada familia ha visto la mejor manera de acomodarse a estos nuevos tiempos, de hallar un proyecto de vida particular, es la vida en comunidad la que está amenazada, y ante ello no hay compensación posible. De ahí que el mismo BID y el propio Banco Mundial señala esa parte no monetaria de un acuerdo de reasentamiento, y la restitución de tierras similares o mejores que las ancestrales, para evitar algo que tiene un nombre que se usa para casos de guerra y hambrunas… un etnocidio, es decir la muerte de un grupo étnico, de una cultura, tal como el de las comunidades campesinas de Fuerabamba muy en particular y de sus vecinas.

Por eso es importante el tratamiento que se le dé a ese espacio, Yavi Yavi, el cual está atravesado por un corredor minero, que nunca figuró en aquellas primeras sesiones de consulta previa ni en ninguno de los estudios de impacto ambiental originales, donde hay un bloqueo de vías que lleva ya semanas. Se trata de una reposición de tierras ancestrales, cuya intervención ameritaba un nuevo proceso de consulta previa y de negociación.